Licitación de afiliados: mala idea

Susana Jiménez Schuster

La comisión técnica de pensiones, formada al alero de la Comisión de Trabajo del Senado, entregó su informe final. Sorpresivamente, uno de los aspectos donde hubo bastante consenso fue en la licitación del stock de afiliados a un ritmo de 10% por año. No hubo acuerdo en el hecho de si los afiliados debieran ser invitados a participar o si debieran ser elegidos por default, y tampoco hubo consenso en la participación del Estado en la licitación.

La propuesta involucra una complejidad no menor, razón por la cual la Comisión sugirió conformar una comisión técnica para ver el diseño específico de licitación y estipular un límite de participación de mercado. Esta dificultad se suma a otras alertas que llevan a pensar que la licitación de stock de afiliados es una mala idea.

“Si la prioridad es elevar las pensiones, hay que poner más creatividad en mejoras regulatorias que aumenten la rentabilidad e incentiven la mayor proactividad de los cotizantes”.

En primer lugar, hay que advertir el carácter expropiatorio de esta medida. Las administradoras de fondos han invertido recursos en atraer afiliados y fidelizarlos. Esto, para lograr la escala suficiente que les permitiera competir en un sistema que partió con más de 20 AFP y que hoy cuenta con menos de una decena. En la mayoría de los casos, han entrado inversionistas extranjeros que han pagado sumas importantes por adquirir estas carteras, lo cual augura serios problemas en tribunales internacionales en caso de prosperar la idea de licitar parte de sus afiliados.

Por otra parte, la licitación de stock supone introducir presión competitiva para bajar las comisiones, un elemento muy importante, pero no el único. Competir solo por precio es un error porque se pone el foco en una variable que no asegura mejores pensiones (precio versus rentabilidad). Si así fuera, las personas con ingresos más altos siempre optarían por el administrador más barato y, sin embargo, muchos inversionistas bien informados, priorizan otros factores en aras de buscar rentabilidades más altas y seguras.

Un tercer elemento que se ha analizado poco es la complejidad que tiene la implementación de esta propuesta. Si cada año se moviliza el 10% de los fondos administrados, estamos hablando de cerca de US$ 19 mil millones en distintas clases de activos que deben estar disponibles de ser traspasados. Y aún peor, existe un riesgo de que, quien se adjudica la licitación, deba recibir activos que no desea o que no puede aceptar porque traspasaría sus límites de inversión, todo lo cual tendría un efecto sobre el mercado de capitales y la rentabilidad de los fondos ya que incentivaría a contar con más liquidez en los fondos administrados. Por último, está el tema del consentimiento de los afiliados, pues difícilmente se puede pensar en traspasar recursos ahorrados por las personas sin tener la aprobación expresa para ello, una garantía mínima del derecho de propiedad.

El verdadero problema no está en las comisiones, sino en las lagunas y la baja tasa de cotización. Junto con corregir aquello, si la prioridad es elevar las pensiones, hay que poner más creatividad en mejoras regulatorias que aumenten la rentabilidad e incentiven la mayor proactividad de los cotizantes. Una idea para considerar sería complementar los límites de inversión por producto, como establece la ley vigente, con supervisión de riesgo, quitar la obligación legal del administrador de responder con su patrimonio ante rentabilidad muy desviada del benchmark y reducir la periodicidad de la publicación de las carteras de las AFP. Eso reduce el “efecto manada” que tiende a homogeneizar los resultados y genera incentivos a comparar entre AFPs compitiendo por rentabilidad más que por precio, lo que redunda en cambios sustantivos en las pensiones de las personas.